Se generó crisis funeraria en Anzoátegui por COVID-19

Más de 70 muertes sospechosas se han reportado. En otros casos, las personas aguardan muchos días para sepultar o cremar a sus difuntos

El coronavirus sirvió como un esteroide para la crisis humanitaria compleja de Venezuela. La pandemia llegó en momentos en que el personal médico venezolano y los pacientes padecen la falta de insumos, y esto se está reflejando en el número de muertes ocurridas.

A eso hay que agregar otros dos problemas: solo dos laboratorios centralizados hacen pruebas de COVID-19 en Venezuela (países como Colombia tienen más de 60 funcionando para eso), y que muchas personas han muerto sin saber el resultado de sus pruebas porque las mismas llegan hasta 15 días después de ocurrido el deceso.

Esta situación está creando una especie de subregistro en el país, pero particularmente el estado Anzoátegui, al noreste del territorio venezolano, las denuncias por la cantidad de muertes sospechosas se tornó alarmante. El propio gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, dijo que se acumularon 75 fallecimientos con síntomas de coronavirus y sin pruebas que lo confirmen, además de casi 500 pacientes.

El 24 de julio pasado, hubo 11 muertes por neumonía y/o insuficiencia respiratoria, sospechosos de coronavirus. Pero con todos estos números, la administración de Nicolás Maduro solo reconoció dos muertes por el virus en esa entidad desde que iniciaron los contagios a mediados de marzo, es decir, hace cinco meses.

Barreto Sira dijo para el medio “ArmandoInfo” que hay un laboratorio en el estado que podría ayudar a realizar pruebas para las ciudades que conforman la zona oriental del país, pero el Ministerio de Salud, en manos de Nicolás Maduro, no lo ha avalado por supuestos problemas de infraestructura. El gobernador enfatizó que solo hace falta una sede física para comenzar a operar, pero que tienen equipo funcional. Acusó al oficialismo de dar excusas al respecto.

La diputada por la Asamblea Nacional (AN), Oneida Guaipe, señaló que todos estos decesos están significando un subregistro. En los certificados de defunción terminan poniendo que estos individuos murieron por infarto o paro respiratorio, porque aunque son consecuencias del coronavirus, por la falta de pruebas no lo colocan así. Y ya para cuando los resultados llegan, ese deceso no entra en las cuentas porque ya pasó tiempo.

Añadió que sectores como Boyacá II son bastante vulnerables y se tiene cuenta de varios fallecimientos.

Caos funerario y miedo

El problema no acaba tras la muerte de una persona. Para un país petrolero que padece la escasez severa de gasolina, y como consecuencia, falta de transporte, ahora los deudos deben pasar días en una cola por un servicio funerario o directamente la cremación de un cuerpo, como dicta el protocolo para fallecidos de COVID-19.

La situación se torna más confusa, pues el personal funerario y de las morgues se encuentra colapsado.

José Martins declaró para LatinPress que el pariente de unos conocidos suyos que no quiso identificar, falleció de coronavirus y para recogerlo de la morgue, el personal de la funeraria tardó un día en hacerlo y además, hubo que pagarles $200 y decir que la causa de muerte fue otra. "Si les decían que fue de COVID, no iban a buscarlo por miedo a infectarse".

También comentó, que antes de morir, esa persona no pudo ser hospitalizada en el Luis Razetti, centro de salud declarado como centinela por el gobierno de Maduro, porque ya tenían demasiados pacientes y no recibían más. "También están buscando muchas bombonas de oxígeno", expresó.

Luis Estanga resaltó que su abuelo murió hace poco más de un mes, pero las causas fueron diferentes a las de la pandemia. Padecía problemas cardíacos y renales y llevaba ocho años usando una sonda.

Luego de fallecer su abuelo, Estanga contó que el mayor miedo que tuvieron era que por la pandemia, el papeleo no se resolviera el mismo día, sino que pasaría tiempo y su cuerpo comenzara a descomponerse. "Él (su abuelo) tenía problemas en la próstata grado 4 y para orinar usaba una sonda desde hace 8 años. Pudo morir de infarto porque además estaba dormido, y era la 1:00 am cuando ocurrió".

"En los ambulatorios hay mucho miedo porque ahí no firman actas de defunción si creen que alguien murió por coronavirus. Por suerte, el ambulatorio de Tronconal V (Barcelona, capital de Anzoátegui), una doctora sí estaba atenta a nuestro caso y llevó el acta de defunción al CNE (Consejo Nacional Electoral),  y luego enviaron la planilla a clínica de la alcaldía para el seguro, porque estaba asegurado por una hija y de allí llevar la orden a la funeraria para la aprobación del servicio", expresó.

Tener contactos en estos casos también fue una ayuda para Estanga, pues pudieron mantener conservado el cuerpo del abuelo en una cava refrigeradora en la morgue, mientras resolvían el papeleo, que terminó en la tarde, como 12 horas después de la muerte del señor. "Si no hubiera sido por eso, el cuerpo estaría todo un día en la casa sin ser levantado".

Yomaira Sifontes narró el caso de unas amistades que perdieron un pariente recientemente y el servicio funerario se hace por terminal del número de la cédula de identidad.

Enfatizó que la cremación llega a costar $300, y un servicio funerario sencillo está sobre los $80.

Cabe recordar que la dolarización de facto permite cobrar estos montos, pero la mayoría de las personas gana menos de $4 al mes producto de la hiperinflación del bolívar, que va para tres años en noviembre próximo.

Abuso de autoridad

Otra cosa que enfrentan los venezolanos, además del padecer del colapso socialista y la pandemia, es el abuso de los funcionarios policiales y militares, que según la percepción de los ciudadanos, han agravado las cosas y la poca cotidianidad que el virus permite tener.

Un caso bastante particular lo vivió el abogado y defensor de los derechos humanos en Anzoátegui, José Francisco Santoyo, quien en recientes días perdió a su padre, Pedro Santoyo, por una enfermedad y debió pasar cuatro días en cola en una funeraria para poder cremarlo.

"En la zona norte de Anzoátegui, hay una sola funeraria que cuenta con horno crematorio, que es la Funeraria Vallés, en Barcelona, y es privada. El Estado no cuenta con eso, ni en los hospitales públicos ni en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf)", detalló, explicando que duro poco más de cuatro días en cola para poder acceder al servicio.

El defensor de derechos humanos comentó que antes de lo ocurrido con su padre, ya estaba recibiendo denuncias de que las pruebas por COVID-19 nunca llegaban y la gente moría sin saber cuáles eran los resultados, lo que generó un subregistro, como ya se ha explicado.

En su emergencia particular, vivió cómo los funcionarios lo obligaban a circular más lejos en claro abuso de autoridad, que denunció en sus redes sociales.

"Pero además de todo esto, también enfrentas el abuso de autoridad. En mi caso, cuando necesité pasar por una zona, el funcionario me dice que 'no me interesa lo que te pase, aquí manda el general'. Hubo gente que debía ir a Casas Bote pasando por Venecia, y los oficiales cerraban el paso por allí, y los obligaban a ir por Plaza Mayor, mucho más lejos y en plena escasez de gasolina, en supuestas medidas de vialidad y seguridad que no tienen sentido porque igual el virus se expandió", expresó.

"Esto es vivir el dolor tras el dolor, porque temes ir preso en este contexto que se instauró", culminó.

 

Juan Afonso

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