Prensa venezolana está más asediada en 2020

La prensa siempre ha sido el objeto de persecución de muchos gobiernos, especialmente, cuando estos se tornan en autoritarismos.

En Venezuela, la izquierda emprendió una especie de guerra particular contra periodistas casi desde sus comienzos, y la tendencia siguió creciendo cuando Nicolás Maduro asumió el poder en 2013.

A medida que han pasado los años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), y organizaciones defensoras de derechos humanos, llevan un alto registro de agresiones cometidas contra reporteros. La mayor parte las ejecutan cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, se comenzó a ver el patrón cada vez más constante de ataques directos contra periodistas que iban a cubrir esos eventos. De hecho, los funcionarios obligaban a los profesionales a borrar el material que recabaron o les robaban sus equipos de trabajo.

Los conocidos como colectivos (civiles armados) hacen lo mismo, sin que alguna autoridad se los impida.

Pero en 2020, las cosas se han puesto más duras para la prensa venezolana, que ha tenido que sortear la falta de papel, los constantes bloqueos y la prolongada ausencia de servicios básicos.

Llegada de Guaidó a Venezuela

El 11 de febrero, Juan Guaidó, el diputado de la oposición que al menos 60 países reconocieron como presidente interino del país, regresaba por el aeropuerto de Maiquetía tras una gira de tres semanas que lo llevó a reunirse con líderes importantes de Europa, Canadá y Estados Unidos.

Dos días antes, la aerolínea estatal Conviasa recibió sanciones de Estados Unidos, y esto alimentó la ira dentro del oficialismo. Al regresar Guaidó, colectivos se hicieron pasar por empleados de la empresa y agredieron fuertemente a varios reporteros, al tiempo que iban por el diputado para intentar vapulearlo.

Más de 10 periodistas fueron violentados y sus pertenencias fueron arrebatadas. Algunos de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Desde la TV estatal, los oficialistas hicieron fiesta con lo ocurrido.

Al periodista Mayker Yriarte, de TV Venezuela, le robaron uno de sus zapatos, y luego una simpatizante de la izquierda lo exhibió como trofeo alegando que se lo quitó a al líder opositor. César Díaz, su camarógrafo, intentó ayudarlo, pero también fue embestido por aquella horda.

Nurelyin Contreras, del medio Punto de Corte, perdió un mechón entero de cabello cuando cuatro mujeres se lo arrancaron. Un hombre la golpeó en la cara y sufrió lesión en la mandíbula, además de otros traumatismos.

Esto se convirtió en el ataque más voraz del poder contra periodistas.

La pandemia sumó abusos

Tras ser detectados los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, Maduro decretó una cuarentena en todo el país. Aunque distintos ministros afines dijeron que la prensa podría circular en las calles, en la práctica, los funcionarios en armas aplican otra orden.

Los cuerpos de seguridad constantemente agreden o impiden el trabajo de los profesionales de la comunicación, evitando su circulación bajo la excusa de la cuarentena.

El caso más grave lo vivió el reportero Darvinson Rojas. Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se presentó en su casa la noche del 21 de marzo, alegando que recibieron información de un caso de coronavirus, y por ello debían acompañarlo a su sede en Caricuao.

Amenazaron con detenerlo si no acataba la orden, pero igual, entraron a la fuerza y se lo llevaron junto a sus padres. Su papá fue golpeado y luego dejaron ir a los progenitores del reportero.

A los padres del periodista le negaron tenerlo detenido allí y obligaron a ambos a buscarlo en otros lugares, con la dificultad que había para conseguir transporte debido a la cuarentena, y porque la gasolina estaba escaseando.

12 días después, se confirmó que lo tenían allí y lo liberaron, dejándolo en su hogar. El motivo de su detención fue haber informado en Twitter sobre casos sospechosos de COVID-19 en el estado Miranda.

Un fiscal intentó que le dieran privativa de libertad por supuesta generación de zozobra. Los agentes de las FAES tienen el celular de Rojas, sus computadoras y equipos que pertenecen a su mamá.

Gasolina y militarización

Desde el 1º de junio, Maduro aplicó un aumento en los precios de la gasolina, algo que se ha venido postergando desde hace más de dos décadas y era un tema tabú para cualquier político.

Bs. 5 mil por litro para precios subsidiados y $0,5 para precios en moneda dura. Eso fue lo establecido por la administración de Maduro. El primer signo de esto fueron largas colas en estaciones de servicio de todo el país. Las mismas estaban controladas por militares.

La prensa acudió a cubrir estos hechos, y desde el día 1 se vieron las agresiones. Periodistas son constantemente corridos y asediados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Hubo casos donde los reporteros tuvieron que irse sin poder completar sus trabajos de campo, y uno de los más graves incidentes lo vivió la periodista de Candela 91.9 FM, Carol Romero, el pasado jueves 4 de junio en El Junquito, Caracas.

Ella estaba con un pariente en una estación de servicio cuando vio a un usuario y a un GNB tener una pelea. La reportera decidió registrar el asunto, y en eso, dos militares la golpearon y se la llevaron detenida. Pasó más de 30 horas en cautiverio hasta ser liberada.

La habían presentado en tribunales y pensaban imputarla por alteración al orden público, pero el cargo fue desestimado. Aun así, tiene prohibiciones de hablar sobre su caso y la investigación sigue abierta y la acusan de provocar lesiones.

Silenciar a periodistas por una imputación es una práctica bastante común en los tribunales que demostraron ser leales al líder oficialista, Maduro. A Luis Carlos Díaz le aplicaron las mismas condiciones, y extendieron por un año la investigación en su contra, pese a no haber una sola prueba que probara su participación en el mega apagón de 2019.

El arresto de Díaz se produjo luego que Diosdado Cabello lo acusara desde su programa Con el Mazo Dando, tomando un video del segmento web En Serio, que el periodista dirige con su esposa Naky Soto.

Otro caso ocurrió en una perspectiva diferente. A Karelys Arroyo, trabajadora del medio IVC Networks, la arrestaron en Miranda junto a su esposo, Carlos Ríos, por haber grabado una protesta en una gasolinera y difundir el video. Ambos habían llegado de Colombia y estaban confinados en el hotel Platinum, en Guatire.

En la reseña de la detención figura que ambos están siendo procesados por la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y les imputan por  instigación al odio, terrorismo, descalificación de las instituciones policiales y críticas destructivas al sistema de abastecimiento de combustible establecido por el gobierno de Nicolás Maduro.

Funcionarios que acosan

Por esta situación casi pasa el reportero de VPI TV, Luis Gabriel Patiño, quien fue abordado por un oficial del Ejército que custodiaba una estación de servicio.

Patiño dijo que cuando él y su equipo fueron afrontados por el uniformado, ya habían terminado de grabar todo. El militar les dijo que no se podía grabar nada porque "podrían estar diciendo cosas que no son" (a propósito de las denuncias en contra de la FANB sobre venta de combustible en dólares o preferencias por clientes).

El reportero se retiró a una zona más alejada, pero el agente siguió con el acoso, y solicitó una comisión de la Dgcim, que llegó en dos horas al sitio. La contrainteligencia revisó todo el material que Patiño grabó y concluyeron que no había motivos para detenerlo ni eliminar lo recabado, por lo que pudieron irse.

Patiño recordó que otras complicaciones las vivió al decretarse el confinamiento por coronavirus, donde la GNB evitaba que la prensa hablara directamente con los usuarios, o lo obligaban a tomar rutas alternas en Caracas para poder acudir en las entrevistas.

"En los barrios populares también había funcionarios de seguridad, pero estos no molestaban a los reporteros", dijo. Comentó que él y su equipo siguieron haciendo el diarismo bajo esas condiciones.

Ley contra el Odio

El 8 de noviembre de 2017, la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Miembros de la ANC alegan que con esto buscan hacer justicia por presuntos crímenes de odio, pero en la práctica, defensores de derechos humanos aseguran que esto es un instrumento para aplacar a cualquier forma de disidencia o críticas contra la gestión de Maduro.

Una gran prueba de esto es que muchos simpatizantes del PSUV han actuado impunemente contra manifestantes y la prensa, agrediendo hasta con armas de fuego, sin ser detenidos por funcionarios ni ser procesados por esta ley, pero en cambio, el número de reporteros que fueron penalizados sigue creciendo.

Hasta los mismos funcionarios difunden mensajes que les supondrían multas o cárcel pero nunca han sido tocados por dicho instrumento.

Incluso, civiles que no participan en el oficio del periodismo han tenido que autocensurarse porque los organismos de seguridad los han arrestado por emitir opiniones en redes sociales.

Profesión de riesgo

Para Domingo Luis Díaz, secretario general del CNP en Anzoátegui, la práctica del periodismo en Venezuela se convirtió en una de alto riesgo, por los peligros que afronta los reporteros.

Mencionó que aunque no ocurre como en Centroamérica, donde los miembros de la prensa son asesinados, en Venezuela se les acosa con todo el peso del Estado, y tanto funcionarios como civiles pro oficialismo terminan agrediendo y robando a los profesionales.

"Vemos cómo periodistas y reporteros gráficos son despojados de equipos, hasta por los propios agentes, sin que se pueda hacer algo".

Dijo que la censura a la prensa se ve bastante en países autoritarios, relatando ejemplo como en Cuba, China y la antigua Unión Soviética. La experiencia venezolana mostró cómo el periodismo mutó a la web por la fuerza, pues los periódicos han ido desapareciendo por la falta de insumos.

Desde el gobierno de Hugo Chávez, se centralizó la entrega de papel y tinta a los medios, cosa que se mantuvo con el mandato de Maduro, y ahora muy pocos circulan en físico. "Anzoátegui tenía 7 u 8 medios circulando en la calle. Hoy solo está el diario El Tiempo y en formato de semanario, tras 60 años de existencia".

Destacó que el problema del periodismo web es la fácil difusión de noticias falsas, añadiendo que la izquierda ha tenido recursos para sembrar matrices de opinión por medio de bulos, cosa que ha obligado a los medios a resguardarse en los datos para desmentir cualquier intento.

"No es igual a ver la noticia en papel, en físico, que en digital, con ese problema de las fake news".

A propósito de la Ley Contra el Odio, destacó que muchos funcionarios, como Diosdado Cabello, usan la TV para exponer y arremeter contra la disidencia y la propia prensa, sin que dicha ley lo afecte, pues “él mismo divulga mensajes de odio, pero manda a aplicar esa ley a otros”.

Juan Afonso