Desde hace unos días, una inusual redada denominada "Operación Mano de Hierro" ha estado activa en Venezuela, dejando como resultado la detención de funcionarios que estuvieron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del gobernante Nicolás Maduro.
Dentro de este set de detenciones encontramos una alcaldesa en funciones capturada por traficar con cocaína, un diputado activo, un ex alcalde al que imputaron por contrabando de gasolina, un fiscal acusado por el mismo delito, otro alcalde electo y hasta altos militares.
Lo último es lo más extraño viniendo del oficialismo, puesto que los únicos militares a los que encarcelaban y/o enjuiciaban son aquellos que se rebelaban (en armas o no) contra Maduro.
Dos de los altos militares detenidos por este operativo eran los jefes de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en los estados Trujillo y Anzoátegui. Por cierto, que buena parte de estos arrestos se dieron justo en esa última entidad mencionada.
Hay documentadores que aseguran que hay otros militares involucrados con el tema del contrabando de combustible en Venezuela pero que hasta ahora no han sido tocados por el operativo gubernamental.
Otros analistas se dividen entre quienes creen que hay pase de facturas dentro del PSUV, y otros que alegan que la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) es el detonante de estas detenciones.
Sea cual sea la causa, vemos un intento de limpieza que no se había visto en el seno del chavismo sin que esto implique una forma de deslealtad de parte de los que hoy están siendo imputados hacia el alto gobierno, que era lo usual.
El propio Maduro suele levantar la bandera de la anticorrupción para dar a entender que su administración lucha contra ese flagelo, pero los resultados no lo acompañan, según informes de Transparencia Internacional, que ha calificado al país como el más corrupto de todo el continente americano, y a nivel mundial solo lo superan Siria, Yemen y Corea del Norte.
