La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró hoy el examen preliminar abierto al Reino Unido por supuestos crímenes de guerra cometidos por sus tropas en la guerra de Irak en 2003 y anunció que no abrirá una investigación.
La fiscal jefa, Fatou Bensouda, justificó la decisión en un comunicado argumentando que las autoridades británicas “no han permanecido inactivas” a la hora de investigar los delitos, aunque reconoció que los tribunales del Reino Unido “no han presentado ni un solo caso para enjuiciar hasta la fecha”.
Bensouda confirmó su conclusión de que “existe una base razonable para creer que miembros de las fuerzas armadas británicas cometieron crímenes de guerra”, entre ellos “homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos o crueles, atentados contra la dignidad personal y violaciones u otras formas de violencia sexual”.
Los delitos se habrían cometidos entre abril y septiembre de 2013 contra civiles en centros de detención establecidos por el Ejército del Reino Unido en Irak.
La Fiscalía del tribunal de La Haya ha concluido que la respuesta inicial del Reino Unido a las alegaciones “fue inadecuada”, pero valoró positivamente la instauración del “Equipo de Acusaciones Históricas de Irak” (IHAT en inglés), para investigar al Ejército.
Dicha institución no procesó a ningún miembro de las fuerzas armadas y fue cerrada en 2017. Sin embargo, Bensouda dijo que, “dada la amplitud y el alcance de las alegaciones examinadas por la IHAT, la Fiscalía evaluó que no puede concluir que las autoridades británicas hayan permanecido inactivas”.
La fiscal jefa añadió que no tiene evidencias de que la IHAT no haya llevado a cabo investigaciones genuinas sobre los presuntos delitos.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no interviene cuando el Estado demuestra llevar a cabo pesquisas fehacientes sobre los supuestos delitos.
