Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela después de que el Gobierno de Nicolás Maduro prohibiera que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano, informaron fuentes oficiales.
Según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), “Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo”.
“Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país”, afirmó el portavoz.
La medida de Caracas, indicó Adorni, está relacionada con el caso del avión venezolano Boeing 747 retenido en Argentina desde junio de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo “por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano”.
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por “violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, conocido como Convenio de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer “ratificando la suspensión” y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
EFE
