El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció que el gobierno nacional ha expulsado al personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esta medida ocurre con todo lo sucedido tras la detención de la activista de DDHH, Rocío San Miguel, que incluyó el delito de "desaparición forzada" en su contra por parte de la contrainteligencia militar. Lo mismo con varios de sus familiares.
Son 13 funcionarios de la ONU que están en el país desde 2019 investigando violaciones a derechos humanos, y ahora tienen 72 horas para salir.
“Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”, dijo Gil en el anuncio.
Juan Afonso
