Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó en la noche del lunes una ley que declara al país centroafricano como “seguro” para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas irregularmente.
El primer ministro Rishi Sunak dijo que la iniciativa es un “cambio fundamental” en el enfoque global sobre la migración, pues “disuadirá a personas vulnerables” de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones.
La oposición, activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han criticado el plan, por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio.
Horas después de aprobado el texto, las autoridades informaron que cinco inmigrantes ilegales murieron al tratar de cruzar el Canal de La Mancha en pequeñas embarcaciones.
El llamado "plan Ruanda" prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
De ser aprobadas las peticiones, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo tres décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por organizaciones internacionales.
A quienes se les rechacen sus solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro "tercer país seguro". Sin embargo, bajo ningún concepto ninguno de los deportados podrá volver a Reino Unido.
La iniciativa, inspirada en un plan puesto en marcha en Australia años antes, fue anunciada en 2022 por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson.
Y aunque los gobiernos británico y ruandés firmaron a mediados de 2022 un acuerdo, por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes, el mismo no se ha puesto en marcha.
Una serie de dictámenes de la justicia europea y una posterior batalla legal dentro de Reino Unido que terminó en la Corte Suprema han frenado el plan.
BBC
