Ministro de Salud de Ecuador compareció ante la Fiscalía por tráfico de influencias

Juan Carlos Zevallos fue denunciado por mandar a vacunar al geriátrico donde reside su madre

El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, asistió este lunes ante la Fiscalía General para explicar su versión libre y sin juramento dentro de la investigación iniciada en su contra por un supuesto tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 en el país.

Durante aproximadamente dos horas y media, Zevallos compareció ante la fiscal general, Diana Salazar, para explicar las acusaciones que aseguran que ha usado su influencia para conseguir vacunas para su entorno familiar.

Tanto la organización Acción Popular como una asambleísta, Amapola Naranjo, han presentado denuncias contra el responsable de la cartera de Salud por un presunto tráfico de influencias. También la Defensoría del Pueblo y el Frente Popular presentaron denuncias contra el titular de Salud.

Una de las denuncias apunta a la vacunación que se realizó en una residencia de mayores privada, que no constaba en la lista oficial de los beneficiarios para recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, y en la que reside la madre de Zevallos.

En el exterior de la sede de la Fiscalía, unas 30 personas del movimiento Unidad Popular pedían a gritos la salida de Zevallos mientras este declaraba, según recoge El Universo.

Este lunes también se presentó la primera solicitud de juicio político contra el ministro, por parte del asambleísta Ángel Sinmaleza, uno de los integrantes de la Comisión de Salud, que ha contado con el respaldo de 38 miembros de la Asamblea Nacional -una cuarta parte de los integrantes del pleno-, una semana después de que el Pleno aprobara una resolución para que el presidente, Lenín Moreno, lo destituya.

La petición de juicio político a Zevallos denuncia un incumplimiento de funciones del ministro, por la distribución de las vacunas, así como por la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria e incumplimiento de la ley que garantiza la estabilidad laboral de los profesionales de la salud.

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