El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe anual 2023 en dónde señala que la gestión de Nicolás Maduro, con más de una década en el poder, ha fracasado en proteger y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Este periodo ha sido descrito por la ONG como un tiempo de empobrecimiento y represión.
En el documento se detallan avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para 14 derechos humanos en Venezuela.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, denunció una doble ruptura del pacto social durante el gobierno de Maduro, con violaciones a la Constitución y represión a quienes protestan por el desconocimiento de la Carta Magna.
El informe reporta que en el lapso de una década, desde 2013 hasta el año pasado, 10 mil personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad estatales, 43 mil sufrieron violaciones a su integridad personal, incluyendo torturas, y 7,309 fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos.
La gestión de Maduro es descrita como "antiobrera", con detenciones arbitrarias de 120 dirigentes sindicales y amenazas a 3,479 trabajadores.
De acuerdo con Morillo, los derechos laborales se ven afectados por la pérdida de poder adquisitivo, precariedad y deterioro de la calidad de vida, exacerbando la crisis económica que deja a más del 45% de los hogares en inseguridad alimentaria, con un salario mínimo de 130 bs, que a la fecha significa $3,5 a la tasa oficial del BCV, y que no cubre con las necesidades más básicas de las personas.
El documento también registró que el país prevaleció la subalimentación y que esta aumentó 20% "en apenas 10 años", llegando a 22.9% en 2023, afectando a 6.5 millones de personas.
Por otro lado, los defensores de los derechos humanos criticaron la exclusividad de los bonos del "carnet de la patria" y la insuficiencia de CLAP en calidad y variedad de productos, que aportan únicamente 15.5% de los requerimientos calóricos que necesita una persona.
En cuanto a servicios básicos, se reporta que un alto porcentaje de la población enfrenta restricciones severas en el acceso a agua potable, electricidad y transporte.
Provea considera que “Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”.
La ONG concluye que la crisis en Venezuela solo podrá resolverse cuando se escuchen las demandas de justicia y equidad, y las instituciones vuelvan a cumplir su deber constitucional de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Tania Simosa (pasante)
