La Conferencia Episcopal francesa anunció este lunes que se deshará de parte de sus bienes y que si es necesario pedirá un crédito para indemnizar a las víctimas de pederastia en su seno.
Los obispos franceses no precisaron la cuantía total que estiman necesaria, pero aseguraron que esa cifra será financiada con sus propios fondos y no con donaciones de los fieles que se dedican ya a otras misiones.
Ese fondo, al que los obispos habían empezado a transferir parte de sus cotizaciones, había sido decidido en su asamblea plenaria de marzo y estaba operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo hoy admitir que deben recurrir a otras fuentes.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, indicó en conferencia de prensa que las diócesis harán un inventario para saber qué bienes hay disponibles y añadió que usarán además sus "reservas".
Ese compromiso fue acordado en la clausura de su asamblea plenaria, iniciada el martes en Lourdes y que centró el grueso de su agenda a las víctimas de pederastia, después de que una comisión independiente cifrara en octubre en más de 216.000 los casos desde 1950.
Los obispos también decidieron la creación de nueve grupos de trabajo, dedicados entre otros a analizar las causas de la violencia sexual en el seno de la Iglesia, y pidieron al papa el envío de un equipo que les ayude a abordar la protección de los menores.
Ayuda superior
Los obispos franceses anunciaron este lunes que han decidido pedir al Papa que los ayude a examinar el tratamiento dado a las víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia y avanzaron la creación de grupos de trabajo que contribuyan a renovar su gobernanza local y nacional.
"Hemos decidido pedir al Papa, puesto que somos nombrados por él, que venga en nuestra ayuda enviando a alguien de su confianza para examinar con nosotros la forma en que hemos tratado y tratamos a las víctimas y a sus agresores", dijo.
Los participantes en el encuentro apostaron también por la constitución de grupos de trabajo dirigidos por una persona laica "encargados de reflexionar sobre diferentes aspectos de la gobernanza local o nacional y hacer propuestas concretas".
La Conferencia se clausuró además con la decisión de efectuar una auditoría externa de las células de escucha de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional que entrará en funciones en abril de 2022 y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.
"Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia", añadió De Moulins-Beaufort, que apuntó que habrá una asamblea extraordinaria en junio para analizar los avances registrados hasta entonces.
