Gobierno salvadoreño será denunciado por el impago de salarios

Las demandas se presentarán ante la CIDH y la OIT

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador denunciará ante organismos internacionales al Gobierno del presidente Nayib Bukele por el atraso en el pago del salario de los empleados de dicho órgano del Estado.

El secretario general de la gremial, Luis Ortega, dijo este martes a periodistas que "se interpondrán 4 procesos (denuncias) a nivel internacional para que (el Gobierno) entienda que los derechos de los trabajadores se respetan".

Señaló que entre los organismos a los que acudirán están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Vamos a denunciar la actitud violatoria de este Gobierno a través del ministro (de Hacienda, Alejandro) Zelaya de no querer desembolsar fondos y cancelar (el pago) a los trabajadores", expresó el sindicalista.

Ortega señaló que "los trabajadores de este órgano de Estado hemos quedado en medio de un juego cruzado de los políticos, en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo".

"No se ponen de acuerdo y el llamado que les hacemos a estos órganos de Estado es a solventar la situación para no seguir violentando nuestro derechos", añadió.

Dicho sindicato acudió este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, por los posibles delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes "por no transferir los fondos para el pago salarial de todos los trabajadores".

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció la semana pasada que investigará a Zelaya por el atraso en el pago del salario de los empleados, esto luego de que la Junta Directiva del Congreso enviara al Ministerio Público un aviso para que investigue los posibles delitos cometidos.

"Lo que corresponde en este momento como Fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones y ver qué estas arrojan", sostuvo Melara.

Añadió que "si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar, estaríamos ante un eventual proceso de antejuicio (desafuero) que sería presentado a la Asamblea Legislativa".

Para que Zelaya enfrente un proceso penal, basta con los votos de 43 de los 84 diputados para que le retiren la inmunidad constitucional.

Zelaya atribuyó el impago a la falta de aprobación y distribución de fondos de préstamos por parte de una comisión de diputados.

Además, propuso al presidente del Congreso, Mario Ponce, realizar una separación de planillas para pagar primero a los empleados, después a los asesores y por último a los legisladores, algo que, según Ponce, "es ilegal".

El titular del Fisco dijo recientemente que el Gobierno ha perdido más de 700 millones de dólares en recaudación fiscal.

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