El fiscal general Tarek William Saab, confirmó este 13 de febrero que a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se le solicitó medida privativa de libertad y fue acusada por traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Lo mismo aplicó para uno de los familiares de San Miguel, Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, a quien el ente acusa por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Los otros cuatro parientes de la también activista de derechos humanos fueron liberados bajo régimen de presentación en tribunales. Aunque no lo informó Saab en su cuenta de X, abogados cercanos a San Miguel revelaron que ella se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide, mientras que Gonzales está en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleita, ambos organismos en Caracas.
Las detenciones se dieron en el marco de la denuncia de Nicolás Maduro sobre la operación "Brazalete Blanco".
Saab aprovechó para denunciar una presunta campaña contra estas acciones, alegando que buscan menoscabar las investigaciones.
"Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de Magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente. La misma pretende menoscabar las #investigaciones en curso buscando generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo; y ello ocurre paralelamente a la brutal masacre del pueblo palestino que contabiliza hoy decenas de miles de mujeres, hombres y niños asesinados por el Estado de Israel que ejecuta de esa manera el Genocidio más grande del siglo XXI".
Diversas organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela, calificaron la detención de San Miguel y sus parientes como arbitraria, y considerando que no se informó en ningún momento del status de ellos, también lo tacharon de desaparición forzada; un crimen de lesa humanidad.
