Alrededor de 218 diputados votaron en contra de la ley que habría despenalizado la realización o asistencia de un aborto en Polonia, con 215 a favor y dos abstenciones.
Tusk y su grupo parlamentario liberal de la Coalición Cívica apoyaron el proyecto de ley que habría levantado el castigo actual para las personas que ayudan a las mujeres a abortar.
Los que sean sentenciados como culpables se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel.
La liberalización era un elemento clave de la oferta electoral de Tusk para revertir diversas políticas del anterior Gobierno de ultraderecha que han suscitado protestas masivas.
Sin embargo, algunos diputados de la amplia coalición gobernante, sobre todo del agrario Partido Popular Polaco, pero también algunos otros, votaron en contra del cambio, dejando al descubierto las grietas del bloque gobernante.
De los 460 escaños de la Cámara Baja, el grupo de la Coalición Cívica de Tusk tiene 157 escaños, los miembros de la coalición Tercera Vía y el Partido Agrario tienen otros 63 votos, mientras que el partido aliado izquierda aporta otros 23 votos, para tener conjuntamente la mayoría.
Los diputados de izquierda, que promovieron el proyecto, prometieron volver a presentarlo repetidamente, hasta que sea aprobado.
Sin embargo, el presidente polaco, el conservador Andrzej Duda, aliado del anterior gobierno de derechas del partido Ley y Justicia, declaró esta semana que si se produce, no firmará la liberalización.
Polonia país tradicionalmente católico, tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de acceso al aborto, que las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado por aumentar los riesgos para mujeres y niñas. La sociedad polaca está muy enfrentada en la legalización del aborto.
El primer ministro Donald Tusk asumió el poder en diciembre, y en su programa electoral prometió legalizar el aborto hasta la duodécima semana de embarazo, pero los conservadores de la coalición gobernante han boicoteado el debate continuamente.
En 2022, la activista polaca Justyna Wydrzyńskafue condenada a ocho meses de trabajos comunitarios tras ser declarada culpable de suministrar píldoras abortivas a una mujer.
Amnistía Internacional, lanzó una campaña para pedir su liberación, declarando que "la condena de Justyna sienta un peligroso precedente" para el acceso a la atención sanitaria.
Euronews