El Gobierno de Estados Unidos ofreció este jueves 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del presidente Nicolás Maduro. También entregará 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y considerado el número dos del gobierno; por el ministro de Industria y vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; por el ex general y ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM) Hugo Carvajal; y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones.
Funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante “Cartel de los Soles”, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.
El anuncio de Pompeo llega después que el Departamento de Justicia acusara este jueves de narcoterrorismo a las principales figuras del gobierno. El fiscal general, William Barr, responsabilizó a los chavistas de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas” y denunció que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias del grupo terrorista bajo amparo de Maduro.
Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales. Barr también presentó cargos contra ex altos cargos de FARC, como el ex negociador de paz de la antigua guerrilla Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, por colaborar con el dictador venezolano para traficar con cocaína.
Entre otros funcionarios venezolanos también se implicó a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal.
La oferta del gobierno se produce bajo el Programa de recompensas de narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, indicó Pompeo. Más de 75 narcotraficantes fueron llevados ante la justicia bajo este programa desde que comenzó en 1986. El Departamento de Estado informó que pagó más de 130 millones en recompensas por información que conduzca a esas detenciones.
“El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione la confianza del pueblo al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos”, agregó el comunicado. “Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente”.
