El Grupo Internacional de Contacto auspiciado por la Unión Europea(UE) para favorecer una salida negociada a la crisis venezolana consideró este jueves que el país no cumple las condiciones para celebrar unas elecciones “transparentes, inclusivas, libres y justas”.

La reunión del grupo, a nivel ministerial y por vía telemática, estuvo presidida por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien informó a los participantes de sus últimos contactos con las partes en Venezuela y del empeoramiento de la situación humanitaria en el país, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En un comunicado, el grupo pidió eliminar los obstáculos para la participación política en las elecciones legislativas, previstas para el 6 de diciembre, lo que incluye el “respeto por el mandato constitucional” de la “democráticamente elegida” Asamblea Nacional o “devolver el control de los partidos políticos a sus legítimos administradores”.

Elliott Abrams advierte que no es suficiente aplazar las parlamentarias en Venezuela, también es necesario el cese de las descalificaciones y la persecución de líderes políticos, la total restauración de los derechos de sus candidatos para una participación política equitativa, una actualización integral del registro de votantes, incluyendo a los jóvenes y los venezolanos en el extranjero, o un acceso sin restricciones para todos los medios de comunicación.

ELECCIONES

Por otra parte, el grupo celebró que Venezuela haya llamado a la comunidad internacional a observar las elecciones, como una “garantía fundamental de transparencia, libertad y justicia de cualquier proceso electoral futuro”.

En cambio, lamentó que el actual calendario electoral “no permite el despliegue de una misión de observación electoral ni deja suficiente tiempoy espacio político para que las partes negocien las condiciones para unos comicios libres y justos”.

Así, el grupo de contacto reclamó unas “condiciones mínimas garantizadas de credibilidad, transparencia e inclusividad” en el proceso electoral.

El patrón que han seguido las violaciones de Derechos Humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes de guerra, afirma el informe presentado este miércoles por la Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó estudiar lo ocurrido en este país.

Los crímenes identificados "fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes de guerra", han concluido los investigadores que integran la Misión de carácter independiente.

Los resultados han concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado este miércoles por esa Misión ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.