En el mercado de confección y venta de ropa más grande de Perú la costurera Diana Yaranga miraba con insistencia su reloj después de que pasado el mediodía seguía sin conseguir un empleo a destajo para obtener dinero para alimentar a su familia.
Por las calles de ese mercado ubicado en Lima, que se extiende a través de 54 manzanas, pasaban hombres cargando bultos de ropa en carretas mientras otros atraían a viva voz a los clientes. De los 100.000 trabajadores del mercado los venezolanos representan alrededor del 20%, según estimaciones del gremio de empresarios del lugar.
Yaranga, de 38 años y quien mantiene a un sobrino con discapacidad y a su madre anciana, está preocupada por la posibilidad de que más venezolanos lleguen a Lima huyendo de la crisis política que atraviesa su país desde las disputadas elecciones presidenciales.
“Todo el mundo está preocupado porque van a aumentar los migrantes, va a haber una pelea por los trabajos... un poco da miedo”, confesó Yaranga, quien por mes junta poco más del sueldo básico peruano de 275 dólares.
Los países de Latinoamérica han acogido a la mayoría de los 7,7 millones de venezolanos que se estima han salido de su país desde 2014, según la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Colombia está a la cabeza como el mayor receptor de migrantes venezolanos seguido de Perú, Chile, Brasil y Ecuador.
Analistas, políticos y grupos de venezolanos de la diáspora han advertido que podría avecinarse un nuevo éxodo de venezolanos según cómo evolucione la situación política en ese país, donde tanto el presidente Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González sostienen su victoria en los comicios del 28 de julio entre denuncias de fraude y cuestionamientos internacionales.
“No tenemos los recursos regionalmente para atender la migración venezolana”, señaló a The Associated Press Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario de Colombia.
En los últimos años cada país ha adoptado una política migratoria distinta: mientras Perú exige pasaporte y visa a los venezolanos que ingresan a su territorio, Colombia ha otorgado un documento de identidad excepcional que les permite estudiar, trabajar y acceder al sistema de salud por 10 años y Chile endureció los requisitos y documentos solicitados para la entrada de extranjeros.
Por ahora Perú y Colombia no han anunciado nuevas disposiciones para una posible recepción de más migrantes venezolanos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha priorizado los esfuerzos diplomáticos junto a sus homólogos de Brasil y México para intentar mediar en la situación de Venezuela. En tanto, la presidenta peruana Dina Boluarte ha reconocido el triunfo de la oposición y su canciller ha anunciado que se han reforzado las fronteras.
Por su parte, el gobierno liderado por Gabriel Boric ha barajado públicamente posibles medidas a adoptar, como reforzar los pasos fronterizos chilenos.
“No es que va a empezar ahora un flujo migratorio. Lo que puede pasar es que se incremente y que alcance dimensiones mucho mayores. Y para eso nos tenemos que preparar”, dijo a la prensa la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá.
En una reunión de emergencia reciente para abordar la crisis, su ministerio anunció la adquisición de cámaras térmicas para la vigilancia y control de la frontera a fin de detectar ingresos irregulares.
Aunque el gobierno chileno descartó cerrar las fronteras, busca incrementar la presencia militar sobre todo en los límites con Bolivia y Perú, militarizados desde el año pasado debido al aumento de la inmigración indocumentada. Además, retomó la idea de implementar un sistema de cuotas para acoger a refugiados.
“Si va a haber una situación humanitaria crítica... a lo mejor vamos a tener que replicar experiencias como la que tuvo Europa, que se puso de acuerdo con cuotas y con sistemas acordados entre los países para acoger esos casos humanitarios más severos”, sostuvo Tohá.
Mary Montesino, directora de la organización no gubernamental Proyecto Tepuy y miembro de la Sociedad Civil Venezolana Organizada en Chile, dijo a AP que medidas como la del sistema de cuotas ya habían sido contempladas sin éxito en el Proceso de Quito, iniciado en 2018, en el que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú intentaron coordinar una respuesta a la migración venezolana.
AP
