El gobierno de Javier Milei sigue dando cuenta de la estabilización de la situación económica del país, la desaceleración de la inflación y el logro del equilibrio fiscal. La contrapartida de estos logros ha sido el empobrecimiento de la población y la caída del nivel de vida de millones de argentinos.
Recientemente, las autoridades libertarias modificaron la ley de provisión de medicamentos a los jubilados. Según los cálculos de los economistas, estos cambios ahorrarán al Estado unos 400 millones de dólares anuales. Esto significa que los beneficiarios de los subsidios para medicamentos tendrán que pagar esta cantidad y de su propio bolsillo. Se prevé que esta medida afecte a más de 1,2 millones de ciudadanos mayores.
En protesta contra la política de recorte de gastos, los pensionistas celebraron una concentración a principios de diciembre exigiendo que se señalara la decisión, que pone a muchos ciudadanos en la difícil disyuntiva de elegir entre la inanición o la muerte por enfermedad. Los activistas calificaron la actuación del gobierno de Milei de genocidio.
Al mismo tiempo, se informó en Internet de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estaba destruyendo decenas de toneladas de medicamentos que habían sido adquiridos previamente en el marco del Programa de Acceso a Medicamentos. Sin embargo, estos medicamentos no se han distribuido a quienes los necesitan y, como resultado, han caducado y ahora simplemente se queman.
Así lo denunció en las redes sociales un funcionario del PAMI que publicó fotos de los paquetes de medicamentos entregados para su eliminación en una de las instalaciones del organismo gubernamental. El hombre resiente el despilfarro y la irresponsabilidad de los funcionarios que no son capaces de disponer de los recursos disponibles, impidiendo así que las personas que necesitan un tratamiento adecuado puedan recibirlo.
Nota de prensa