La Unión Europea ha completado la reforma de su política de migración y asilo, un momento decisivo que durante una década ha resultado obstinadamente esquivo.
La tortuosa, y a menudo explosiva empresa, llegó a su fin el martes, cuando los Estados miembros se reunieron para dar luz verde definitiva a los cinco reglamentos que componen el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una revisión global que pretende garantizar que todos los países, independientemente de su ubicación, asuman la parte que les corresponde.
Entre otras cosas, el Nuevo Pacto prevé normas más estrictas para ampliar la selección de los solicitantes, realizar controles sanitarios y de seguridad, acelerar los procedimientos de examen y ofrecer asesoramiento gratuito. Su principal novedad es un sistema de "solidaridad obligatoria" que daría a los gobiernos tres opciones para gestionar a los solicitantes de asilo: reubicar a un número determinado, pagar 20.000 euros por cada uno que rechacen o financiar el apoyo operativo.
Como era de esperar, Polonia y Hungría, los más acérrimos críticos, votaron en contra de todo el paquete legislativo. Desde que se presentó la reforma en 2020, ambos se han resistido sistemáticamente al sistema de "solidaridad obligatoria", alegando falsamente que les obligaría a aceptar inmigrantes contra su voluntad.
La República Checa y Eslovaquia, dos países escépticos, optaron por abstenerse en la mayoría de los expedientes, mientras que Austria votó en contra. Pero el Nuevo Pacto sólo necesitaba una mayoría cualificada, así que siguió adelante y fue ratificado formalmente, sellando uno de los mayores logros del actual mandato.
Para el bloque, el camino hasta la meta ha sido todo menos fácil: la idea de contar con un reglamento común y predecible para gestionar las llegadas irregulares solicitantes de asilo lleva sobre la mesa desde la crisis migratoria de 2015-2016, que convirtió el asunto en dinamita política y dividió amargamente a los países en bandos enfrentados.
Los Estados miembros del sur se quejaron de verse desbordados y abandonados a su suerte. Los países occidentales y septentrionales exigían una mayor responsabilidad y aplicación de la ley en las fronteras exteriores, mientras que los orientales se resistían a cualquier iniciativa que se pareciera a una cuota de reubicación.
En medio de la conmoción, las fuerzas de extrema derecha vieron su oportunidad y saltaron al tema como trampolín hacia la relevancia y el éxito electoral. Las ondas expansivas de aquel seísmo político aún se dejan sentir hoy, y las encuestas previas a las elecciones de junio pronostican un brusco giro a la derecha.
Bajo una especie de mantra de "si no es ahora, ¿cuándo?", los Estados miembros superaron sus diferencias y fueron desbloqueando las cinco piezas del Nuevo Pacto a lo largo de 2023 hasta llegar a un acuerdo provisional con la Eurocámara en diciembre. El acuerdo, calificado de "histórico", fue aprobado por los eurodiputados en abril por un estrecho margen, tras un acalorado debate que dejó al descubierto las discrepancias ideológicas que siguen sin resolverse: los legisladores de la derecha dijeron que la reforma era demasiado blanda e indulgente, mientras que los de la izquierda afirmaron que era demasiado dura y punitiva.
Las organizaciones humanitarias también se mostraron divididas. Amnistía Internacional denunció el Nuevo Pacto, advirtiendo de que degradaría la calidad del proceso de asilo y provocaría "mayor sufrimiento", pero Oxfamn dijo que representaba un "rayo de esperanza" que podría aportar un enfoque coordinado y centrado en la protección a la espinosa cuestión del reasentamiento.
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