El Gobierno propone crear una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores en entornos digitales y reformar el Código Penal para penalizar las ‘ultrafalsificaciones’, la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generadas con inteligencia artificial.
Son algunas de las medidas incluidas en el anteproyecto para la protección de menores en entornos digitales que arranca su tramitación tras ser aprobada en primera vuelta este martes en el Consejo de Ministros, en el que han intervenido los ministerios de la Presidencia, Juventud e Infancia, Transformación Digital y Derechos Sociales, entre otros.
En rueda de prensa, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado las reformas legales que contempla el anteproyecto, como agravar las penas cuando el infractor usa identidades falsas y elevar de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en su acceso a redes sociales.
La norma pretende garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, así como la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados para su edad.
Además de la reforma penal, el Gobierno incorpora a los pediatras para la detección de adicciones y situaciones de riesgo de los menores en internet y contempla un plan de alfabetización digital y educación en ciudadanía digital desarrollado por las administraciones competentes para que desde Primaria los alumnos reciban clases para combatir bulos y hacer un uso responsable de internet.
Estas medidas se incluirán en la futura Estrategia Nacional que el Gobierno quiere aprobar después del verano.
La ley contiene medidas para mejorar el conocimiento sobre el ámbito digital de los menores y de sus familias, como campañas de sensibilización sobre los riesgos y los derechos de los menores.
En el ámbito sanitario, además del protocolo que aplicarán los pediatras en las revisiones de salud de niño sano para detectar señales y pistas sobre un uso problemático en entornos digitales, se apuesta por la creación de centros especializados para atender las adicciones.
“Debemos poner coto desde este instrumento legislativo que hoy estamos impulsando porque está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este país y también la tranquilidad de nuestras familias”, ha aseverado Bolaños.
La norma establece medidas para el sector público y para las empresas tecnológicas, como obligar a que móviles y dispositivos electrónicos incorporen de fábrica un control parental gratuito.
También, el compromiso de crear espacios de encuentro para desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludables.
Prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (‘loot boxes’) y obliga tanto a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias como a los ‘influencers’ a avisar de que el contenido que están difundiendo es potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de niños.
La regulación consagra, por primera vez, los derechos de los menores en el entorno digital como a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad.
Otra de las medidas es la regulación del etiquetado y de las advertencias de todos los productos digitales sobre los contenidos aptos o no para menores de las aplicaciones, con un lenguaje entendible y accesible también para personas con discapacidad, como niños con autismo.
El anteproyecto reforma la legislación, básicamente en el Código Penal, para dar respuesta a algunos delitos que ya se cometen y que no tienen una respuesta adecuada.
Tipifica como delitos los ‘deepfakes pornográficos’, es decir, la difusión sin autorización de imágenes o audio generado por inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.
La norma también regula el alejamiento digital e introduce el ‘grooming’ (cuando un adulto se hace pasar por menor) como circunstancia agravante en diferentes delitos contra la libertad sexual de menores y refuerza la tipificación de la difusión de material pornográfico a menores para evitar algunas conductas impunes.
EFE
