El Gobierno argentino alista el fin de la gratuidad en las universidades nacionales y hospitales que dependen del Estado para extranjeros que no cuenten con residencia en el país.
"Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", anunció este 3 de diciembre el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Además "vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal y como la conocemos hasta ahora", señaló el funcionario.
El Ejecutivo que preside Javier Milei modificará el régimen migratorio para establecer estos cambios, con el objetivo de "avanzar hacia un país ordenado, y en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos", explicó Adorni.
Aunque para estudiar en una universidad pública los estudiantes extranjeros deben ser residentes, el portavoz presidencial sostuvo que la decisión de cobrarles "supondrá una fuente de financiamiento para las casas de estudio" y señaló, a modo de ejemplo, que uno de cada tres estudiantes es extranjero.
En cuanto al acceso al sistema de salud, serán los organismos nacionales, provinciales y municipales los que determinarán las condiciones de acceso, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país, indicó Adorni.
En la provincia de Salta (norte), colindante con Bolivia y Paraguay, la atención sanitaria a extranjeros se redujo 95% y se generó un ahorro de 60 millones de pesos (58,1 millones de dólares al cambio oficial) desde que la gobernación provincial decidió en febrero cobrar el servicio a los no residentes, explicó el funcionario.
"Nos despedimos de los famosos tours sanitarios", afirmó.
En simultáneo a estas medidas, el Ejecutivo incorporará más delitos para impedir el ingreso o expulsar a un migrante del país.
Si un extranjero es arrestado cometiendo un delito en ese momento o por violentar el sistema democrático, "atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país", añadió Adorni.
Los extranjeros que violen la prohibición de reingreso al país afrontarán una pena de prisión.
El Ministerio de Capital Humano indicó en octubre que el 21.8% de los estudiantes de medicina eran extranjeros, "principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público", especificó.
Desde 1992, los servicios educativos del país se encuentran transferidos a cada una de las jurisdicciones.
Pese al anuncio del Gobierno, para estudiar en una universidad pública es necesario tener documento nacional de identidad (DNI), el cual obtiene un extranjero cuando tramita la residencia, sea transitoria, temporaria o permanente.
Los únicos estudiantes no residentes que pueden asistir a universidades públicos son aquellos que tienen un convenio de reciprocidad.
Sputnik Mundo
