El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, consideró este viernes inadmisible cualquier tipo de violencia y garantizó que en la democracia plena que es España su Ejecutivo garantizará en todo momento la seguridad, después de tres días de violentos disturbios tras la encarcelación de un rapero.
Sánchez habló por vez primera públicamente en un acto en la ciudad de Mérida (oeste) sobre las manifestaciones violentas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
El jefe del Ejecutivo inició su intervención con una reflexión sobre la tarea pendiente que tiene la democracia española con la libertad de expresión para ampliar y mejorar su protección.
A su juicio, existe un amplio consenso en la sociedad para amparar la libertad de expresión en línea con otros países europeos y, ante ello, recordó que el Gobierno que preside ya ha anunciado una próxima reforma.
"Pero en una democracia plena, y la española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia", añadió.
Sánchez prosiguió su reflexión subrayando que la violencia no es una libertad, sino un ataque a las libertades de los demás.
"La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno hará frente a cualquier tipo de violencia y garantizará la seguridad", recalcó.
Pedro Sánchez no aludió a la postura de Unidas Podemos, socios en su Gobierno de coalición, después de que portavoces de esta formación de izquierda hayan mostrado apoyo a las movilizaciones.
Partidos de oposición habían pedido a Sánchez un pronunciamiento y el cese del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Disturbios constantes
Las protestas violentas desde el pasado martes dejan decenas de detenidos, entre ellos menores de edad, así como heridos, varios de ellos policías y una manifestante que perdió un ojo, además de serios datos en mobiliario urbano y negocios a pie de calle, en especial en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.
Hasel ingresó el pasado martes en prisión tras ser detenido por la Policía, para cumplir una condena de nueve meses de cárcel, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.
El rapero ya fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo aunque la Audiencia Nacional española decidió en 2019 dejarla en suspenso por circunstancias como que carecía de antecedentes penales cuando fue condenado, mientras que luego sumó otras condenas por otros delitos y está a la espera de otro juicio por atacar a la Policía de Cataluña.
Su ingreso en prisión ha sido denunciado por numerosas voces del ámbito cultural en España, incluidos reconocidos artistas, y por organizaciones como Amnistía Internacional, mientras el Gobierno español se ha comprometido a revisar la legislación sobre los límites a la libertad de expresión para que determinadas manifestaciones en el contexto artístico no conlleven penas de cárcel.
