La reciente aprobación por el Parlamento italiano de una nueva ley para mejorar las condiciones penitenciarias ha provocado gran debate político en el país.
El llamado "decreto penitenciario", que pretende abordar los problemas que vive desde hace tiempo el sistema penitenciario italiano, en particular el hacinamiento, promete un aumento del personal penitenciario y un proceso simplificado para la puesta en libertad anticipada, entre otras medidas.
Aunque algunos han aplaudido el decreto, otros sostienen que no será suficiente para resolver los verdaderos problemas que aquejan al sistema.
Los defensores del decreto se concentran especialmente en el partido de centro-derecha Forza Italia, que forma parte del Gobierno de coalición de Meloni. Lo consideran un paso adelante en la lucha contra el hacinamiento y el alarmante número de reclusos que se quitan la vida.
La ONG Antigone, que vigila de forma independiente los centros de detención, es una de las más críticas. Con una tasa de hacinamiento en las cárceles italianas del 130% y 65 suicidios registrados sólo este año, Antigone sostiene que las nuevas medidas son insuficientes para lograr un cambio significativo y equivalen a poco más que una señal política.
Michele Miravalle, que realiza visitas periódicas a los centros en nombre de Antigone, declaró a 'Euronews': "La intervención del Gobierno en este asunto era necesaria, pero la cuestión es que, para cumplir un mero objetivo político, el enfoque que se ha elegido no es sistémico y no cambiará la situación".
"En algunas partes, el proyecto de ley parece decepcionante. Es como intentar reparar una casa que tiene problemas estructurales y está a punto de caerse; en este caso, la casa representa el sistema penitenciario. En lugar de intervenir en los cimientos, sólo se arreglan las ventanas".
Según Antigone, en 56 de los 190 centros de detención, la tasa de hacinamiento supera el 150%, y sólo 38 todavía no han alcanzado su capacidad máxima.
Pero el problema no se limita a Italia. El informe penal anual 2023 del Consejo de Europa sobre la población reclusa destacó a Italia como uno de los varios países de la UE que sufren un grave hacinamiento en sus prisiones, junto con Chipre, Rumanía, Francia, Bélgica, Hungría y Eslovenia.
"Durante 30 años, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha decidido que el derecho penal y los sistemas penitenciarios deben utilizarse para resolver una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con ellos, sino que más bien pueden describirse como problemas sociales", señala Miravalle. "Esto incluye cuestiones como el abuso de drogas, la salud mental y la pobreza".
Por ahora, las perspectivas de cambio son escasas. Algunas de las disposiciones del decreto italiano pueden tardar meses o más en aplicarse plenamente, y es probable que los efectos inmediatos sobre las condiciones penitenciarias sean mínimos.
Y a medida que los meses de verano traigan temperaturas más altas, se espera que las ya duras condiciones de las cárceles superpobladas se deterioren aún más.
El debate sobre el decreto penitenciario pone de relieve una cuestión fundamental: ¿puede reformarse gradualmente el sistema penitenciario italiano o sus problemas exigen una revisión radical? Por ahora, el país sólo puede esperar a ver qué impacto tiene esta última medida.
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