Más de 300 mujeres al año en Bélgica se ven obligadas a viajar a los Países Bajos para interrumpir su embarazo, con las complicaciones que esto supone para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que carecen de los recursos económicos suficientes para costear ese proceso.
Es lo que denuncian estos días más de veinte asociaciones pro abortistas en la capital de Europa, donde el límite legal para abortar es de 12 semanas tras la gestación; mientras que en Países Bajos, este límite es de 22 semanas. Además, es obligatorio un periodo de reflexión de 6 días entre la primera consulta y el inicio del proceso, con importantes sanciones para la solicitante y el miembro del personal sanitario en caso de incumplimiento.
Estas condiciones legales son incompatibles con la realidad de muchas mujeres, según los centros de planificación familiar. Demandan una ampliación en el plazo para la interrupción del embarazo, de modo que la ley se adapte a las demandas actuales.
Según Frédéric Brichau, coordinador del Centro de Planificación Familiar de Namur, se trata de una cuestión de "flexibilidad" para "responder positivamente a cada situación particular" y considera los seis días de reflexión arbitrarios porque "a lo mejor la mujer ya ha pensado durante quince días antes de ponerse en contacto con nosotros o se ha hecho la prueba de embarazo esa misma mañana, antes de contactarnos".
Las mujeres belgas no son las únicas que viajan para iniciar el proceso del aborto. Los plazos legales varían entre los países europeos y cada uno establece una ley más o menos permisiva, según sus particularidades.
Los periodos legales oscilan entre las 10 semanas de Portugal y las 24 semanas de los Países Bajos. La mayoría de los países han establecido el límite en las 12 semanas. España es algo más permisivo, ya que permite abortar hasta las 14 semanas; así como Austria, que no exige periodo de reflexión, y en Bulgaria se requiere la autorización de un comité de expertos para ampliarlo a 20 semanas. Luego está el caso de Malta y Polonia, con una fuerte tradición católica, cuyo marco legal es altamente restrictivo para el aborto.
Esta realidad genera desigualdad entre las mujeres europeas, según comentó a 'Euronews' Lina Gálvez, presidenta del Comité de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, ya que "quien tenga el dinero suficiente puede irse a otro país, pero para quien no tenga recursos esto genera muchísimas desigualdades, que no garantiza un derecho que debe ser universal para todas las mujeres en todo el mundo".
Para la europarlamentaria, "el debate no debería ser aborto sí o aborto no, ya que las mujeres que deciden abortar por distintas circunstancias pues lo van a seguir haciendo porque lo han hecho a lo largo de toda la historia y a lo largo y ancho de toda la geografía mundial, por lo que se trata de garantizar un aborto seguro".
Desde el Parlamento Europeo se han presentado iniciativas legislativas para tratar de garantizar un aborto libre y seguro a todas las mujeres, independientemente de su país de origen.
Entre estos esfuerzos, está el Informe Matić, de 2021, en el que se insta a los Estados Miembros a "despenalizar el aborto" para garantizar que se haga en condiciones seguras al considerarlo como "un derecho fundamental" y como "una atención médica esencial", por lo que su denegación puede considerarse como "un acto de violencia de género". Recientemente, en abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Pero ninguno de estas iniciativas colectivas es vinculante, ya que el aborto forma parte de la sanidad y esta es una competencia individual de cada país.
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