Congreso español aprueba el estado de alarma hasta el 9 de mayo

La nueva medida permite a las comunidades autónomas decidir si limitan las entradas y salidas de su territorio y la franja horaria del toque de queda.

El Gobierno de España sacó adelante este jueves, con un amplio apoyo parlamentario, la prórroga del tercer estado de alarma decretado desde que inició la pandemia, y que estará vigente hasta el próximo 9 de mayo del 2021. La medida recibió 194 votos favorables.

El PP optó por la abstención, ya que no quiere “ni poner en riesgo las garantías sanitarias” ni tampoco “avalar el atropello legal” de un estado de alarma tan prolongado. Solo Vox, que anunció que mañana viernes interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma, y el diputado de Foro Asturias, votó en contra. Por lo que se registraron 53 noes y 99 abstenciones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender el planteamiento del Gobierno en el Pleno, apeló varias veces al final de su intervención al “sentido de Estado” del PP para que apoyara el estado de alarma y se desmarcara de la ultraderecha de Vox. Por su parte, consideró que es “necesario un esfuerzo más” para “proteger a los más vulnerables” y, sobre todo, para dar un marco y cobertura jurídica más estable a las comunidades autónomas que consideren necesario aplicar medidas más restrictivas

El líder del PP, Pablo Casado, que no pensaba intervenir, subió a la tribuna porque se sintió interpelado por las apelaciones de Illa y dejó en el banquillo y en una carpeta ya cerrada el discurso que había preparado hasta anoche su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra. 

Santiago Abascal, el presidente de Vox, tildó la prórroga de “ilegalidad” y el estado de alarma de “estado de excepción en encubierto”. Y aprovechó la circunstancias para arremeter en varios pasajes directamente y con crispación contra Casado, al que le guardaba la revancha de las invectivas que el popular le lanzó la semana pasada durante el debate de la moción de censura del partido ultra.

La aprobación de la medida llegó este jueves después de duras negociaciones desde el Gobierno, en las que el principal escollo ha sido la negativa inicial del presidente del Gobierno a comparecer periódicamente ante el Congreso para hacer balance de la situación. El PSOE priorizó al final en la negociación a ERC y cedió que Sánchez acuda cada dos meses a las Cortes a explicar la evolución de la pandemia, una concesión reclamada de forma casi unánime por los demás partidos. Otro punto de desencuentro fue la duración de la medida, que para la mayoría de partidos de la oposición resultaba excesiva. El PP pedía que se extendiera solo por ocho semanas, hasta el 20 de diciembre, con el objetivo de salvar los próximos tres puentes y, sobre todo, la campaña de Navidad.

El nuevo estado de alarma tiene diferencias sustanciales con el aprobado por primera vez el pasado 14 marzo, durante la primera ola de la pandemia. La nueva medida persigue conceder al Ejecutivo y a las comunidades autónomas una cobertura jurídica para actuar durante un plazo largo de tiempo contra el coronavirus sin tener que someterse a complicados exámenes políticos quincenales en el Parlamento o a reveses judiciales. En esta ocasión, serán las comunidades autónomas las que tendrán la potestad de decidir si limitan las entradas y salidas de su territorio y la franja horaria del toque de queda.

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