La Asamblea Nacional de Venezuela votó el jueves por unanimidad para aprobar una ley que podría imponer inhabilitaciones de hasta 60 años para ejercer cargos públicos a quienes hayan expresado o supuestamente expresado su apoyo a la imposición de sanciones al país sudamericano.
La ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 60 años y postularse a elecciones, la destitución, confiscación de bienes y juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra aquellos que soliciten o participen en “actos de agresión” con penas de entre 25 y 30 años de prisión.
La llamada Ley Libertador Simón Bolívar es la más reciente acción de Nicolás Maduro para bloquear el ejercicio político de opositores y regular desde las organizaciones no gubernamentales hasta las redes sociales, luego de una controvertida elección presidencial en julio.
Actualmente, la legislación venezolana tiene como pena máxima 30 años de prisión y en general las inhabilitaciones políticas para aspirar o ocupar un cargo público suelen ser de 15 años, dijeron abogados.
La nueva legislación se suma a otras aprobadas por la Asamblea como una para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, pese a las alertas de irregularidades por parte de organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas.
Los medios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes sobre sanciones serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de acuerdo con lo señalado en el texto que fue debatido por los legisladores.
A los medios electrónicos e impresos se les impondrá una multa en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central, lo que sería unos 49 millones de euros o unos 51,7 millones de dólares a la tasa de cambio oficial actual.
El instrumento entrará en vigor luego que sea promulgado por Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Previamente será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un ente cercano al régimen, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y cercano colaborador de Maduro.
Infobae
