Corea del Norte reforzó aún más en el último año la restricción de movimientos de sus habitantes con el objetivo de reducir el número de deserciones, según denunció este jueves en Seúl la organización Amnistía Internacional (AI).
El régimen ha seguido “restringiendo severamente” la movilidad de los ciudadanos en un Estado en el “que sigue siendo ilegal abandonar el país sin permiso previo”, recordó la organización en un informe de revisión sobre la situación de los derechos humanos en el país durante 2019.
El movimiento está tan constreñido -de hecho, aún para viajar dentro del propio país hace falta un salvoconducto previo de las autoridades- que norcoreanos entrevistados por la organización humanitaria aseguran que “incluso a la hora de mudarse a otra provincia diferente se les ha requerido del pago de sobornos a funcionarios, incluyendo a policías”.
El documento de la ONG recordó que distintos medios de comunicación con fuentes dentro del país informaron que, a principios de 2019, el régimen comenzó a repartir nuevos documentos de identidad con un chip que dificulta su falsificación.
Según contaron norcoreanos a estos medios, el propio reparto de cédulas y el periodo de renovación -cada ocho años- parece constituir un mecanismo adicional para detectar a aquellos que ya no residen en sus domicilios y que, a ojos del régimen, o bien han desertado o se han desplazado hacia la frontera con China para tratar de hacerlo.
Durante la presentación del informe, el investigador de AI para Asia Oriental Arnold Fang consideró que en 2019 la situación general de los derechos humanos en Corea del Norte continuó siendo “notablemente mala” y recordó que el año pasado apenas 1.047 norcoreanos lograron llegar a Corea del Sur, el menor número en 18 años.
El informe subraya además que “mujeres y niñas que abandonan Corea del Norte continúan estando en riesgo de ser objeto de trata para trabajos forzados y explotación sexual, incluyendo matrimonios forzosos con hombres chinos”.
