La Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la Licencia General 41, que permite a Chevron continuar sus operaciones petroleras en Venezuela hasta abril próximo.
Esta decisión está contemplada en los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para gestionar las sanciones económicas y controlar las complicadas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
La renovación de la licencia permite a Chevron, una de las pocas compañías estadounidenses que aún operan en Venezuela, seguir extrayendo y exportando petróleo.
Esta medida es vista como un intento de equilibrar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro mientras se mantiene una fuente de ingresos clave para la economía venezolana.
Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas dirigidas principalmente a la industria petrolera. Y las tensiones han aumentado después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, denunciadas como fraudulentas.
Estas medida han limitado la capacidad del régimen para exportar petróleo, su principal fuente de ingresos.
La Licencia General 41, que se ha renovado en varias ocasiones, es parte de una estrategia más amplia para mantener una presencia estadounidense en el sector energético venezolano, mientras se busca una solución a la crisis política y económica del país.
El Departamento del Tesoro indica que la renovación de la licencia está condicionada a que Chevron no haga pagos en efectivo al régimen de Maduro, sino que utilice los ingresos para cubrir costos operativos y de mantenimiento.
Con esta decisión, la administración estadounidense intenta evitar que los fondos lleguen directamente a las arcas del gobierno socialista.
El abogado José Ignacio Hernández, exprocurador especial en el extinto gobierno interino de Juan Guaidó, expresó en X que la compañía, a pesar de las prohibiciones, parece estar pagando "regalías e impuestos" al gobierno de Maduro. "Sin transparencia", afirmó.
El Nacional